• Manifestación 4º aniversario-8 de Mayo en Madrid




    Los ahorradores de Fórum Filatélico y Afinsa cierran filas en defensa de sus derechos

    • Las asociaciones de afectados de toda España ponen en marcha diferentes iniciativas y movilizaciones para denunciar la sentencia de la Audiencia Nacional que exime al Estado de responsabilidad.

    • Los despachos de abogados que representan a las distintas asociaciones consideran que se trata de una sentencia política, contradictoria, miope y dañina para la salud del Estado de Derecho en nuestro país.

    • La Coordinadora Estatal de Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa (CEAFFA), la Federación de Afectados Filatélicos (FAF) y la Federación de Plataformas Blancas de Clientes de Afinsa (FPBs), preparan ya una gran manifestación en Madrid para el cuarto aniversario de las intervenciones.


    Madrid, 17 de Marzo de 2010.-
    Las coordinadoras y federaciones que representan a la mayoría del medio millón de ahorradores de Fórum Filatélico y Afinsa (CEAFFA, FAF y FPBs) han acordado esta semana continuar con las diferentes acciones sociales en reclamación de una solución justa a sus demandas.

    La unidad en los objetivos y el convencimiento de que el recurso que se interpondrá ante el Tribunal Supremo necesita ser apoyado por la movilización social, han animado a coordinar y sumar los esfuerzos de las diferentes asociaciones en sus reivindicaciones y mejorar su efectividad ante la opinión pública.

    Manifestación
    El próximo 8 de Mayo y coincidiendo con el cuarto aniversario de la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, se convocará una gran manifestación en Madrid en la que de nuevo se reclamará una solución definitiva al “medio millón de dramas familiares” generados por causa de la irresponsabilidad de los poderes públicos durante los veintisiete años de actividad de las empresas y los cuatro que ya han transcurrido desde el 9 de Mayo de 2006.

    El efecto de una sentencia política
    Según las asociaciones de afectados, la sentencia que la Audiencia Nacional emitió el pasado 5 de Febrero “supone una condena a muerte para un elevadísimo número de personas de avanzada edad que, a la ruina material provocada por la negligente actuación de las instituciones públicas, ven como ahora se añade un retraso de varios años más, mientras se recurre a instancias superiores. Después de una vida de trabajo, ahorro y sacrificio, no saben si llegarán a ver el final de esta injusticia”, aseguran.

    Gran número de expertos y profesionales de prestigio de las ramas jurídica y económica, han considerado que la sentencia tiene un cariz netamente político y pretende salvar la cara al Gobierno, ahorrando una indemnización millonaria al Estado en un momento de crisis, pero en realidad supone la quiebra del Estado de Derecho y un perjuicio a largo plazo para nuestro sistema, ya que sienta un grave precedente para futuras situaciones análogas al no obligar a que la Administración se haga cargo de aquellos ciudadanos a los que previamente dejó sin protección ni garantías.

    Asimismo, los Despachos de abogados que defienden a los afectados consideran que la sentencia incurre en gravísimas contradicciones al calificar la actividad de las empresas de mercantil, mientras que en los procedimientos concursal y penal se ha determinado que era financiera sin ningún género de dudas.

    Contra la discriminación legal
    Hay que recordar que, para mayor indefensión de las víctimas, la norma que rige las reclamaciones en los procedimientos contencioso-administrativos impide presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo a aquellos afectados que reclamen cantidades por debajo de 150.000 €, lo que pretende dejar sin salida a más del 95% de los reclamantes, casi todos pequeños ahorradores. Un motivo más para que los 460.000 afectados se manifiesten, según su lema, “contra el fracaso del Estado de Derecho y por una Justicia eficaz e independiente”.

    Los políticos quieren mirar a otro lado
    En opinión de los afectados, “los políticos no puede escudarse detrás de una sentencia escandalosa y deben hacer frente de una vez por todas al grave problema social que tienen encima de la mesa desde hace demasiado tiempo. Si quieren mirar a otro lado, nosotros se lo seguiremos mostrando y recordando”. Como han hecho desde el primer momento, los afectados continuarán luchando por negociar una solución política, ya que “debe haber vías razonables, porcentajes razonables y plazos razonables de indemnización incluso en medio de la situación de crisis que estamos viviendo”.

    Tres procedimientos judiciales
    Los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa están inmersos en tres procedimientos judiciales diferentes, pero igual de lentos y fatigosos: el concursal, el penal y el contencioso-administrativo. Del consursal poco esperan los afectados, salvo una mínima recuperación de sus ahorros tras una mala liquidación de las empresas.

    En los respectivos procedimientos penales, instruidos por los jueces Garzón y Pedraz, los representantes jurídicos de los afectados se encuentran con una inaudita obstaculización por parte de los magistrados y la fiscalía, que ralentizan hasta la desesperación cualquier iniciativa en defensa de sus representados. Estos procedimientos continúan en fase de instrucción después de cuatro años, sin que se vea un final cercano a los mismos.

    En el contencioso-administrativo, después de la decepción por una sentencia que consideran “traiciona la confianza de medio millón de personas en la justicia española y degrada el concepto mismo de Justicia”, los afectados están dispuestos a llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si es necesario.

    Por todas estas razones, el 8 de Mayo saldrán una vez más a la calle para exigir una Justicia diligente, imparcial, íntegra y, sobre todo, independiente de los intereses políticos del momento.

     

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