• Los afectados por Forum y Afinsa esperan que la Audiencia Nacional evite, al menos, que el Estado se lucre a su costa.

    Al parecer este mismo año la Audiencia Nacional se pronunciará en relación a las miles de demandas contra el Estado presentadas por los afectados por Forum y Afinsa.

    Esperemos que actúe con la suficiente eficacia e independencia para desvelar el papel desarrollado por cada uno de los organismos de la Administración que intervinieron o que debieron y no lo hicieron.

    Si, como decía el Sr. Solbes, el fraude era tan evidente que se detectaba con una mínima cultura financiera, no es entendible que la Administración, que tiene la obligación legal de supervisión (art.51 de la Constitución) permitiera la expansión de estas organizaciones durante 27 años.

    Resulta extraño que las diversas inspecciones tributarias realizadas en ambas empresas y los expedientes elaborados por Banco España y la CNMV a raíz de las denuncias presentadas por Asociaciones de Consumidores como Adicae en el 2002 y por particulares, así como otras alarmas que lanzaron diversos organismos oficiales no pusieran freno a estas organizaciones.

    Por el contrario, la respuesta fue sorprendente, la aprobación de la Disposición Adicional 4ª de la ley del 2003 que eximía de cualquier responsabilidad a los citados organismos, dejando a las empresas en manos de Consumo, que significa lo mismo que dejarlas sin supervisión. ¿Era solo por afán de eludir responsabilidades?

    Lo que es público y sospechoso es que estas organizaciones mantenían relaciones muy cordiales con todas las instituciones públicas, lo cual era utilizado para generar la confianza de los ciudadanos. Ministros firmando libros de honor de las empresas o entregando premios a la excelencia en la dirección, por ejemplo, Abogados del Estado impulsando asociaciones creadas para perpetuar la actividad, Asociaciones de consumidores que recibían millones de euros por su apoyo, etc...

    Pero para mas inri, el Estado se lucró directamente de esta presunta estafa a través de una empresa de su propiedad “Informa D&B”. Esta pretigiosa empresa especializada en estudios de solvencia certificaba año a año los mayores ratios de solvencia y la incluía sin dudar en su “top ten” de las mejores empresas a nivel nacional. Estas certificaciones eran pieza fundamental en toda la comunicación comercial y del argumentario del equipo de ventas.

    El Estado de momento es un gran beneficiado ya que se ha llevado gran parte del dinero supuestamente estafado a través de los impuestos. Hay que tener en cuenta que mediante el impuesto de sociedades se declaraban anualmente importantes beneficios ficticios y a través del IVA el 16% de los 5.000 millones de euros captados. También millones de euros en concepto de seguros sociales al mantener cientos de puestos de trabajo y el resto por tasas, plusvalías declaradas por los clientes y otros impuestos.

    Ahora, con el exiguo patrimonio que resta, mermados en gran parte por la forma de intervención, los afectados soportan los enormes gastos del proceso de liquidación, las indemnizaciones de los trabajadores y de forma preferente las deudas que figuraban con los distintos organismos de la Administración.

    En conclusión: la Administración se lucra y todo el perjuicio recae sobre la parte mas indefensa: los pequeños ahorradores. Y desde el poder y las instituciones se afanan por correr un vergonzoso tupido velo para evitar el esclarecimiento de los hechos.

    Esperemos que la Audiencia Nacional actúe con independencia y haga justicia, logrando resarcir a los afectados de semejante atropello.

    E-MOVILIZATE
    Afectados Filatélicos

  • Delitos económicos y corrupción en España: un terreno abonado


    En pocos meses Luis Roldán obtendrá la libertad tras haber cumplido 15 años en la cárcel, parte de ellos en régimen abierto.

    Nuestro sistema judicial no ha podido recuperar más que el 7% del dinero reclamado, por ejemplo están sin devolver 10 millones de euros que tenia depositados en cuentas suizas y solo se han podido embargar 4 de los 15 pisos del patrimonio localizado.

    Ello demuestra la escasa eficacia de nuestro sistema judicial ante este tipo de delitos y confirma el desamparo al que se enfrentan, por ejemplo, los afectados por Forum y Afinsa.

    Según aseguraba el Gobierno tras la intervención policial de Forum y Afinsa en Mayo del 2006, la Justicia era la mejor vía para defender a los cerca de 500.000 pequeños inversores que estaban atrapados en el monumental fraude financiero.

    El motivo de la intervención tuvo que ser maquillado posteriormente ya que al ser un fraude financiero, el Banco de España incurría en una falta grave por no haber supervisado debidamente.

    Pero además, una vez desatada la crisis hubo gravísimas acusaciones públicas entre los distintos grupos políticos por la permisividad, tolerancia y hasta por el apoyo que desde los diferentes Gobiernos se brindo durante 27 años a estas organizaciones presuntamente delictivas.

    A pesar de ello, durante los más de tres años que lleva instruyéndose el procedimiento judicial, los responsables políticos han logrado mantenerse totalmente al margen de la investigación.

    Por otro lado se ha empleado muy poco tiempo y esfuerzo en investigar el papel de los diferentes organismos de supervisión de la Administración, a pesar de existir informes solventes que denuncian su inacción como el elaborado en 2007 por el Defensor del Pueblo.

    Viendo como evoluciona el proceso y la aptitud de nuestros políticos es razonable entender porque el Banco Mundial otorga a España una posición de cola en cuanto a burocracia y control de la corrupción en la UE.

    Si a todo ello le sumamos la existencia de casos como el del Sr. Roldan, donde se muestra muy poca severidad en las condenas y la incapacidad para recuperar el patrimonio robado, es de suponer si algo no cambia, que los únicos perjudicados por la crisis filatélica serán exclusivamente los pequeños ahorradores, quedando el terreno abonado para que la historia se repita.



    E-movilizate

  • Garzón pide a Informa D&B los certificados que reconocían la solvencia de Fórum Filatélico


    MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -


    El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha solicitado a la empresa de 'rating' Informa D&B que remita al juzgado todos los certificados que emitió entre 2004 y 2005, que reconocían la máxima solvencia de Fórum Filatélico y que fueron utilizados por los comerciales para captar nuevos clientes, según el auto dictado el pasado 5 de junio al que tuvo acceso Europa Press.

    Garzón pide también a esta empresa, propiedad del Estado, "una relación expresiva de los trabajos profesionales realizados por el personal de la compañía, que sirvieron de sustento para asignar a Fórum un 'D&B Rating 5 A 1' -capacidad financiera de más de 500 millones de euros- e incluirla en el 'Prestige Rating BooK' de 2004 y 2005", según el auto.

    Un grupo de afectados pidieron el pasado mes de marzo a Garzón que investigara estos hechos al considerar que "el Estado, a través de la entidad Informa D&B estaba certificando, asegurando e informando que Fórum era una de las empresas más solventes de España, y que se podía trabajar con la misma con total confianza, afirmando que su riesgo era mínimo".

    Los afectados consideran que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de colaboración necesaria en la estafa filatélica. La Fiscalía Anticorrupción respalda el análisis de estos documentos antes de decidir si solicita nuevas imputaciones.

    En este sentido, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional decidirá si imputa o no al antiguo director general de Informa D&B, Juan José Tomás, cuya firma aparece en todos los certificados emitidos sobre la solvencia de Fórum, que se remontan a 2004, año en el que Informa adquirió el 100% de la americana Dun & Bradstreet.

    Por su parte, la administración concursal de Fórum deberá remitir a la Audiencia Nacional las posibles facturas pagadas por Fórum a Informa D&D entre 2002 y 2006.

    La empresa de 'rating' está participada en un 99% por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), que a su vez es propiedad del Estado en su 50,25%, el 45,2% de las entidades financieras y el 4,55% de las compañías de seguros.

    http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-garzon-pide-informa-db-certificados-reconocian-solvencia-forum-filatelico-20090709182101.html