• Carta al Defensor del Pueblo Europeo

    Estimado Sr. Diamandouros:

    Como muchos otros antes que yo, me permito escribirle con la esperanza de que tal vez esta carta le haga reconsiderar su postura respecto a los afectados por las presuntas estafas filatélicas ocurridas en España el pasado año, ya que anteriormente se limito a decir que no era el asunto de su competencia y a remitirnos a las autoridades españolas.

    Actualmente se han concretado la dimensión de la catastrofe y también ha quedado claro que el Estado Español no actúa con la rigurosidad y la transparencia que debiera, ya que no se puede ser arte y parte.

    Nos remite usted a la tutela de un Estado que se ha lucrado, se lucra y pretende seguir lucrándose con el producto de una estafa a través de unos impuestos, cobrados indebidamente. Un Estado, que se persona como acreedor en una liquidación concursal que jamás debió empezar, ya que esto no es una quiebra, es una estafa.

    Un Estado que interviene diciendo que es una estafa, reclama como deudas impuestos impagados que no existían antes de la intervención y que se han producido por el impago de un funcionario de la Administración.

    Nos remite usted a un Estado que encuentra indicios de delitos en la actividad de estas empresas en los años 1998 a 2001 y que sin embargo no hace nada por evitar la situación en la que quedarán los clientes de ambas sociedades, que permite que sigan funcionando 5 años más (el Estado sigue cobrando impuestos) mientras el agujero patrimonial y el número de estafado crece a ritmo vertiginoso.

    Un Estado, que siendo conocedor de unos hechos tan graves y perjudiciales para 460.000 familias, avala a estas empresas en diciembre, cuando el Ministro de Justicia entrega a Fórum el premio a la mejor gestión del año 2005.... Que mejor aval para atraer a más clientes que un Ministro conceda un premio a la gestión.., demostrando con esto una irresponsabilidad y negligencia absoluta.

    Nos remite usted para que nos defienda un Estado que ha predispuesto en nuestra contra al resto de nuestros conciudadanos, al afirmar la Ministra de Sanidad y Consumo (Ministerio encargado de regular este sector) que era culpa nuestra el habernos jugado nuestro dinero, en la mayoría de los casos, dinero negro...con palabras como estas, nuestro Gobierno vulnera derechos fundamentales como el del honor y el de la presunción de inocencia. Un estado que es capaz de publicar en la prensa que ayudará a los afectados que hayan quedado en situación precaria, pero al que se le ha informado, con nombres y apellidos de situación de desamparo, personas que pasaran a ser "sin techo" y sin embargo no cumple su palabra.

    Un Estado que reconoce negligencia en el comportamiento de su administración, pero no ve razones para crear una comisión de investigación. Nos deja usted en manos de un Estado que no ha regulado el sector de los bienes tangibles, un sector en el que desde hace casi 30 años no ha cesado de producir escándalos, y que no ha sido sometido por ello a una mayor regulación y control.

    El resultado ha sido que por dejadez del Estado y un funcionamiento anormal de la administración, muchos honrados trabajadores se ven despojados de los ahorros conseguidos tras muchos años de esfuerzo.

    Espero que después de leer esta carta abra usted los ojos y la mente, busque información, que la hay y acorde a su conciencia y al cargo que ocupa, actúe. Le puedo asegurar que 400.000 europeos no entenderíamos que no investigara usted en manos de que Estado nos deja desamparados.

    Un saludo,


    GRUPO E-MOVILIZATE
    AFECTADOS FILATÉLICOS

    Contestación a la carta
    Estimado(a) Señor(a):

    Le agradezco su comunicación en relación con el supuesto fraude de las empresas Afinsa y Fórum Filatélico, en la que denuncia que las autoridades españolas no han adoptado las medidas necesarias para asegurar la protección de los inversores.

    Comprendo su indignación por las consecuencias que este grave asunto está teniendo en miles de ciudadanos. Prueba de esa indignación ciudadana es que mi Secretaría ha recibido un número muy elevado de reclamaciones y de comunicaciones sobre el problema.

    El Defensor del Pueblo Europeo sólo puede iniciar una investigación si se cumplen las condiciones relativas a la admisibilidad de las reclamaciones establecidas en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en el Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo.

    Una de estas condiciones es la siguiente:

    Apartado 1 del artículo 2 - Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo:

    “En las condiciones y con los límites que establecen los Tratados (...), el Defensor del Pueblo contribuirá a descubrir los casos de mala administración en la acción de las instituciones y órganos comunitarios (...) No podrá ser objeto de reclamación ante el Defensor del Pueblo la actuación de ninguna otra autoridad o persona.”

    En tanto que la situación descrita en su correspondencia no se ajusta a las condiciones establecidas en el Estatuto de Defensor del Pueblo Europeo, ya que no se refiere a la actuación de un órgano o institución comunitaria sino a la actuación de las autoridades españolas, carezco de la competencia necesaria para proceder a una investigación al respecto.

    A pesar de mi falta de competencia en el tema, pero con el objeto de poder ayudar a los afectados en la medida de mis posibilidades, decidí el 26 de junio de 2006 dar traslado de las numerosas comunicaciones recibidas al Defensor del Pueblo Español, Excmo. Sr. D. Enrique Múgica Herzog, cuya institución está llevando a cabo una investigación sobre este problema (El Defensor del Pueblo; Paseo de Eduardo Dato, n° 31; 28010 Madrid; Tel.: 91 432 79 00; Fax: 91 308 11 58; Correo electrónico: defensor@defensordelpueblo.es; http://www.defensordelpueblo.es).

    Atentamente,



    Contestación a la carta

     

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